Durante siglos, los párrocos de toda España han registrado meticulosamente en los libros sacramentales los bautizos, matrimonios, defunciones y otros datos de millones de españoles.
Este amplio patrimonio documental posee un valor cultural, genealógico e histórico incalculable tanto para investigadores como para cualquier ciudadano interesado en conocer los orígenes de sus antepasados.
Sin embargo, a pesar de los avances en digitalización de archivos parroquiales impulsados en las últimas décadas por algunas diócesis españolas, la gran mayoría se niega aún a dar acceso libre a estas colecciones digitales mediante su publicación en Internet.
Entre los motivos esgrimidos por las autoridades eclesiásticas para justificar esta controvertida decisión se encuentra la necesidad de proteger la privacidad de los datos personales de los feligreses registrados en los libros sacramentales.
Pero este argumento resulta cuestionable, dado que la inmensa mayoría de estos documentos tienen varios siglos de antigüedad, por lo que la vigente ley de protección de datos personales no podría aplicarse de igual manera para fallecidos décadas o siglos atrás.
Otra razón históricamente argüida es la oposición a que grupos religiosos como los Mormones hagan uso de los libros parroquiales antiguos para sus rituales de bautismo póstumo masivo.
Sin embargo, esta justificación también se considera legalmente desproporcionada, dado el enorme interés público, académico y cultural de historiadores, investigadores, científicos y sociedad civil en general por acceder remotamente a estos archivos con fines exclusivamente culturales, de investigación y reconstrucción genealógica familiar.
Ante la endeblez de estas explicaciones oficiales, han surgido sospechas entre los investigadores de que podrían existir causas ocultas de tipo económico detrás de la negativa eclesiástica a la difusión digital masiva.
La posibilidad de acceso libre y gratuito reduciría drásticamente la demanda actual de copias digitales de pago de registros antiguos que solicitan historiadores, investigadores y particulares a los archivos diocesanos, una significativa fuente de ingresos para unos archivos con frecuencia escasos de presupuesto.
Al no existir transparencia detallada sobre las cuentas y modelos de financiación de estos archivos, resulta imposible confirmar o descartar plenamente este posible factor.
Sea como fuere, la restrictiva postura de la jerarquía católica española genera incomprensión y rechazo entre la comunidad académica, historiadores, genealogistas y buena parte de la sociedad civil, que ven limitado injustificadamente el acceso libre a un patrimonio documental único que debería considerarse público, en la medida que se conserva y digitaliza en parte gracias a fondos estatales y autonómicos.
La Iglesia es una institución privada, pero se beneficia de fondos públicos, a veces de forma cuantiosa. Esto es discutible.
Recibe estos fondos para conservar y gestionar un patrimonio cultural como los archivos, pero luego limita el acceso público al mismo. Es contradictorio.
Alega motivos de privacidad para no difundir en línea archivos antiguos cuando no deberían aplicarse realmente esos motivos por no afectar a personas difuntas. Esa privacidad no parece afectar a la consulta presencial, pero si a la realizada a través de Internet. No es coherente.
Existe sospecha de intereses económicos detrás de la negativa a la difusión digital, pero no hay transparencia al respecto sobre sus ingresos por venta de copias digitales de partidas parroquiales.
Su postura frente a los bautismos póstumos mormones parece anacrónica y desproporcionada, vivimos en el siglo XXI.
Los propietarios de ese patrimonio documental están contribuyendo a su deterioro, permitiendo a los investigadores, que manipulen los libros en sus consultas precenciales. No han aprendido nada del pasado.
El valor histórico, cultural y social de difundir los archivos debería primar claramente, pero incomprensiblemente, la Iglesia no lo hace.
Efectivamente hay numerosas incongruencias en las posturas de la Iglesia respecto a este tema.
Sería deseable más coherencia, transparencia y apertura para facilitar el acceso público a este patrimonio común. Pero su naturaleza privada y los intereses creados lo dificultan.
Algunas Diócesis españolas continúan ancladas en el pasado, cuando los genealogistas hacían la búsqueda de documentos presencialmente. En la actualidad, la manera de llevar a cabo una investigación genealógica podría resultar más efectiva y cómoda. Todo depende de que la autoridad eclesiástica cambie su mentalidad.
El debate futuro girará entre quienes priorizan el celoso control institucional sobre el acceso a estos archivos, frente a quienes reivindican la apertura masiva por el bien común de este tesoro documental, como una asignatura histórica pendiente para la cultura y la ciudadanía.